MINA EN ZACUALPAN SERÁ DECISIÓN DE COMUNEROS, DIJO MARÍA ELENA DÍAZ DELEGADA DE LA PROCURADURÍA AGRARIA
Carlos Guzmán Teodoro, presidente de bienes comunales dijo que respetará la decisión de la asamblea de comuneros.
Así fue dado a conocer a un medio radiofónico el pasado martes 11 de febrero de 2014, donde tras las declaraciones a favor y en contra, sobre la instalación de una mina en la comunidad indígena de Zacualpan, María Elena Díaz Rivera, delegada de la Procuraduría Agraria reconoció que sí existe el proyecto, sin embargo éste no cumplió con las formalidades especiales y los trámites correspondientes para poder abrirla; aunado a esto, el proyecto que se presentó ante la Asamblea de Comuneros fue rechazado y por ello como órgano superior del pueblo se deben respetar esas determinaciones.
Por su parte, Carlos Guzmán Teodoro, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan, se dijo respetuoso de la ley y aseguró que, si la asamblea de comuneros decidió que no se instale, él respetará el veredicto. En ese sentido, negó que él insista en la puesta en marcha de la mina en Zacualpan y afirmó nunca haber recibido dinero, respondiendo así a las acusaciones de ser beneficiado con un monto económico, “no comprueban nada, ya buscaron por todos lados y no tienen ningún documento ni nada por el estilo que diga que recibí dinero”.
Refirió que una ONG, asesora a un grupo de personas de los cuales no todos son comuneros, y al mismo tiempo señaló que a través de una red social solicitan dinero a personas radicadas en los Estados Unidos con el argumento de que necesitan el recurso porque están defendiendo el pueblo.
Un grupo de comuneros han ido a mi casa y me han dicho ¿qué vamos a hacer con estas personas (…)? ¿Qué defienden? porque en la actualidad ni siquiera la mina se está trabajando”. Carlos Guzmán aclaró que los habitantes del pueblo no tienen los mismos derechos que los 307 integrantes del consejo comunero que aparecen en el Registro Agrario Nacional, e indicó que ya se está convocando a la siguiente reunión donde se ratificará o no la decisión de que la mina sea instalada.
Por último la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz, consideró que no existe nada oscuro tras esta situación y sólo es cuestión de que la problemática se resuelva mediante la conciliación de todos los actores, pero al mismo tiempo respetando lo marcado en la ley.
Con ética profesional, honestidad y honradez, veamos y conciliemos todos los actos que se lleven a cabo en las asambleas pero respetando la decisión que ellos mismos tomen”.
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