UN PERIÓDICO VIRREINAL Y UN PERIODISTA DE AQUELLA ÉPOCA
Profr Abelardo Ahumada González
LOS APUNTES DE LÓPEZ CANCELADA.

En el capítulo anterior afirmé que la historia que nos han contado los historiadores oficialistas no es que sea falsa tal cual, sino que revela” desde su origen “una intención sesgada” en la que no fueron tomados en cuenta ni los testimonios ni las opiniones de quienes” militaron, diríamos, en el bando opuesto a “los héroes que nos dieron patria”.

Y para ejemplificar la intencionada omisión mencioné un texto escrito y publicado en Cádiz, en 1811, por un testigo directo de los acontecimientos de 1808, 1809 y 1810, que se llamaba Juan López Cancelada, editor de la “Gazeta de México”, periódico que, si no fue el primero que se publicó en la Nueva España, sí fue uno de los primeros, puesto que comenzó a existir en 1784.

Según las investigaciones de la Doctora en Historia Verónica Zárate Toscano, López Cancelada fue un individuo que, habiéndose asociado con Manuel Antonio Valdés, dueño de dicha gaceta (o de la imprenta en que se imprimía), se empezó a hacer cargo de la edición a partir del “30 de octubre de 1805”. Y que, al intervenir en ella, “le dio un nuevo giro: aumentó su periodicidad, se ocupó de nuevos temas, se atrevió a comentar […] se fue involucrando cada vez más en el quehacer político”. Al grado de que el antiguo periódico se convirtió en la voz del Palacio Virreinal.

“Con una pasión desmedida y un exceso de responsabilidad – sigue la cita- [Cancelada] hacia lo que creía ser su deber, fue adoptando posiciones que a la larga le resultaron riesgosas. Las consecuencias de la crisis española de 1808 resultaban insospechadas y no podía dejar de lado la oportunidad de actuar. Los criollos proponían al virrey medidas que los beneficiaran; los europeos temían cualquier cambio que los alejara de la metrópoli; y el virrey dudaba qué partido tomar. Cuando por decisión oportuna de unos cuantos fue depuesto, Cancelada tuvo el arrojo de dar a conocer ‘la verdad’, denunciando conspiraciones y criticando al arzobispo virrey. Todo ello provocó que saliera expulsado de la Nueva España el 7 de marzo de 1810”.

El hombre, sin embargo, continuó escribiendo durante varios años más y, viendo las cosas ya en retrospectiva (y desde el otro lado del Atlántico), en 1811 redactó el documento que menciono. Documento en el que, adelantándose a cualquier otro historiador de México y España, anotó:

“Voy a manifestar unos sucesos que, por no haberlos dado a luz en tiempo del Gobierno Central, han causado daños incalculables a la nación”. Y más adelante dijo: “Seré por ahora censurado de algunos; pero la posteridad me hará la justicia debida”.

Yo no soy, por cierto, alguien que tenga el poder para hacer justicia, o revindicar los derechos de aquel apasionado periodista, pero habiendo leído al menos un par de veces su “verdad” sobre los acontecimientos que estamos revisando en estos renglones, y algunos otros apuntes que él insertó en otros números de la mencionada gaceta, no puedo menos que reconocer su participación como testigo de primera línea, y admitir que cuando pretendió explicar la supuesta ‘traición’ que el virrey Iturrigaray habría cometido en contra de Fernando VII, lo único que logró fue describirlo como el primer (y, quizás involuntario) promotor de la Independencia de México, como enseguida lo fueron, en otros sentidos, el arzobispo y virrey Francisco Javier de Lizana, y don Juan Ruiz de Cabañas, obispo de Guadalajara.

Pero ¿a qué época y a qué entidad se refería él cuando mencionó el “gobierno central”? - Se refería, sin duda, al momento en que (desde finales de marzo de 1808 hasta principios de 1809) el Imperio Español pretendía ser regido por la Junta Suprema de Sevilla, y cuando ésta, integrada por puros españoles, no permitía que los criollos de las Américas tuvieran representación alguna en las cortes (o diputaciones). Actitud que fue totalmente perniciosa para dicho imperio, puesto que, ya en 1811, cuando dicho periodista estaba redactando ese escrito, no sólo había insurgentes en la Nueva España, sino en varias otras antiguas colonias del “Nuevo Mundo”.

No quiero, sin embargo, detenerme mucho en el texto de López Cancelada, porque en buena medida coincide con todos los hechos que, valiéndome de otros testimonios ya he referido aquí. Pero sí me parece importante señalar el dato de que la tesis central que expuso este autor es la de que hasta antes del 15 de septiembre de 1808 no había ninguna señal o movimiento de que alguien alentara o buscara la independencia de la Nueva España respecto de la antigua, y que ni siquiera en septiembre de 1810 estaba tan extendido ese sentimiento en los habitantes de aquel vasto territorio, sino en unos cuantos criollos que, alentados por el actuar displicente del “partido español”, encabezado por el Arzobispo-Virrey, los hizo llegar a la convicción de que, de seguir así las cosas, sus derechos nunca iban a ser tomados en cuenta y, por ende, o tendrían que someterse y aceptar la situación tal cual, o podrían aprovechar las circunstancias para buscar un cambio para ellos y sus iguales, sin que realmente les importara lo que pudiese ocurrir con los indios, los negros, los mestizos, los mulatos y demás castas que componían el entramado étnico del México virreinal.

Otro asunto que muy claramente se deriva del testimonio de López Cancelada (y que choca con la versión oficial que de esa parte de nuestra historia ha sostenido el gobierno mexicano) es que no fueron fray Melchor de Talamantes, ni el licenciado Primo de Verdad, ni Allende, ni Hidalgo, los que realmente dieron inicio a las luchas por la Independencia de México, sino el muy vapuleado y poco reconocido virrey Iturrigaray, quien, al atreverse a no reconocer los dictámenes de la Junta de Sevilla, y quien, tras de haber aprobado la idea que le propusieron Talamantes y Verdad, utilizó su poder para tratar de difundir en todos los ayuntamientos de su virreinato la idea de que deberían enviar sus representantes a la capital de la Nueva España, con el propósito de que, ante la ausencia de su monarca legítimo, preso de lujo en un palacete francés, entre todos resolvieran qué hacer y cómo regir los destinos de toda esa amplísima jurisdicción. Afirmación que López Cancelada demuestra con el envío de al menos dos circulares emanadas del Cabildo capitalino que contenían dicha propuesta, y con la reproducción, digamos masiva que, por órdenes de dicho virrey, él mismo tuvo que hacer de ciertos números de la “Gazeta de Madrid” en que se publicaron las noticias de “las abdicaciones de Bayona”, etc., y que el virrey quiso que fueran conocidas por todos los novohispanos.

LA IDEA DE UN CONGRESO FINALMENTE PROSPERÓ.

Complementando la información anterior y con una intencionalidad no muy distinta, hay otra que aunque parezca chisme les quiero presentar: Se trata, según esto, de “una relación conformada por la Audiencia”, sobre la “Junta del Real Acuerdo” que se realizó el 6 de agosto de 1808, y en la que habiendo sido resuelto el protocolo básico, “el señor Iturrigaray excitó al síndico […] Francisco de Verdad [...] a que hablara, y éste dijo que, dadas las circunstancias en las que se hallaban, “la soberanía había recaído en el pueblo, citando a varios autores”. Y que cuando empezaron las réplicas y las discusiones, el arzobispo tomó la voz para expresar que “si no se reducían las explicaciones a lo sustancial, la junta no tendría término”. A lo que, “con tono desembarazado y agrio”, el virrey replicó que “allí cada uno tenía la libertad de hablar lo que quería, y que, si le parecía muy larga la junta, desde luego que podría marcharse”.

Ya sabemos, sin embargo, en qué paró la fuerte desavenencia que se manifestó entre tan poderosos personajes, pero me pareció importante señalar cuándo y bajo qué circunstancias fue que se comenzaron a confrontar los líderes de los partidos que en contra o a favor del rey se conformaron a partir de ese momento en la Nueva España.

Un tercer dato que quiero comentar es que, cosa de medio año después (en enero de 1809), ya cuando Iturrigaray estaba en España y se había presentado a declarar ante la Junta de Sevilla, los integrantes de esta entidad gubernativa como que cayeron en la cuenta de que no estaban tan locas las ideas que el ex virrey les expuso y, admitiendo que los criollos tenían legítimos derechos para gobernar los territorios en donde habitaban, decidieron aceptar que algunos de ellos acudieran a Cádiz como representantes de los virreinatos:

Pero su convocatoria fue muy pichicata y, si por un lado motivó la esperanza de los criollos de la Nueva España, por otro los hizo sentir como apabullada minoría, siendo que, en comparación con los peninsulares eran abrumadora mayoría.

Y una prueba de esto que afirmo la tenemos en una carta de queja emitida por el Cabildo de Querétaro el 22 de abril de 1809, en la que se dice que dos o tres días antes llegó a dicha ciudad un ejemplar de la “Gaceta ordinaria de México”, que contenía una “Real Orden del 22 de enero” anterior, mediante la que “la Suprema Junta” de Sevilla declaró “que estos bastos Dominios no son Colonias, sino una parte esencial, e integrante de la Monarquía Española”, y que, por tanto, deberían tener “representación Nacional inmediata […] y constituir parte de la Junta Suprema”, enviando a “sus Diputados”.

Pero el Ayuntamiento de Querétaro se quejó porque las autoridades virreinales decretaron que sólo podrían elegir diputados “los Ayuntamientos de las Capitales de las Intendencias”, como Guanajuato, Guadalajara y Valladolid, y le pidió al virrey que intercediera para que también pudieran nombrar sus diputados al menos las cabeceras de distrito, como sería el caso de la misma Querétaro.

No tengo más documentos que tengan otras quejas similares, pero algo que me parece notorio en este reclamo fue que la lista de los firmantes la encabezó el licenciado Miguel Domínguez, quien no tardaría mucho en pasar a la historia como “el esposo de La Corregidora”.

Pero muy al margen de que la Junta de Sevilla haya decidido convocar a unos cuantos diputados de la Nueva España y de los demás virreinatos para participar en las Cortes de Cádiz, esa determinación se tomó cuando ya los ánimos de los criollos rebeldes estaban muy exaltados y no tuvo suficiente impacto como para que pudiese atemperarlos.

“CON LETRA CLARA Y MUY LEGIBLE”.

En ese mismo contexto, el arzobispo Lizana fue nombrado también virrey de la Nueva España. Por lo que, en vez se seguir proclamando la paz como correspondía al máximo dignatario de la Iglesia, se vio obligado a tener que pensar incluso en la guerra, y a tomar parte en asuntos meramente “terrenales”.

El “regalito” del que hablo llegó a sus manos a mediados de julio de 1809, y después de haberlo meditado su aceptación, de consultar con los Canónigos del Cabildo Catedralicio, y tal vez hasta con su confesor, el día 22, con aires de mucha modestia, y con un exaltado patriotismo, emitió una proclama anunciando su nombramiento:

“Promovido sin merecerlo, ni haberlo jamás deseado, al Gobierno superior de estos vastos y preciosos dominios […] me hallo unido a vosotros con vínculos, si no más sagrados y estrechos que los que me unían como Arzobispo Metropolitano, sí más públicos y universales” …

Señalando que, respecto a la invasión napoleónica (tema dominante en aquellos meses), se hallaba dispuesto “a empuñar la espada”, a ponerse “al frente de vuestros Soldados, [para] defender vuestras posesiones y personas y escarmentar a los enemigos de vuestro reposo”.

En otro capítulo ya habíamos dicho también que, si como arzobispo Lizana comenzó a buscar el modo de allegar recursos a la Junta de Sevilla para combatir a los invasores galos, ya como virrey incrementó su activismo en esa misma línea de acción, aunque en otras no supo qué hacer.

Un caso notable en el que sin embargo intervino con fuerza y determinación fue el de que, como el temporal lluvioso de 1809 fue muy limitado en algunas de las intendencias del virreinato, desde septiembre comenzaron a ser muy escasos “el maíz, el frijol y otras semillas de primera necesidad” en las zonas más afectadas. Por lo que tuvo el tino de decretar que todos los intendentes, todos los subdelegados, y todos los alcaldes, de común acuerdo con los párrocos respectivos, exigieran “a los hacendados, arrendatarios y diezmeros [una] relación jurada y exacta de los maíces, frijoles y demás semillas que tengan existentes en sus troxes” y de los granos que según sus cálculos podrían “cosechar en sus sementeras”. Todo eso para poder saber en dónde habría excesos, en dónde suficiencia y en dónde evidentes carencias, para determinar los sitios a donde tendrían que dirigirse los trenes de mulas para garantizar el abasto mínimo y no permitir la muerte por hambre.

Esta decisión, que me pareció muy oportuna y bien tomada, implicaba que los agricultores y los campesinos aseguraran en primera instancia la provisión necesaria para abastecer a sus propias familias, a sus sirvientes y a sus animales más necesarios, pero implicaba también la obligación de desprenderse de algunas cantidades para que se pudiesen sacar a la venta, o para hacer la caridad a los más desposeídos, etc.

Estableciendo en otra de las cláusulas que quedaban proscritos el acaparamiento, la reventa y el monopolio de granos y semillas, y dejando abierta la libre circulación para que “los cosecheros, los trajineros y los dueños de las semillas” los pudiesen “llevar sin impedimento” a los mercados y a los depósitos donde se requirieran.

Valiosa, interesante y reveladora me parece también la orden final que el arzobispo virrey dio en ese mismo mandato, señalando que, “con letra clara y sumamente legible” deberían reproducirse dos copias de su decreto, para que, en cada pueblo o curato, una fuera colocada “en la puerta de las Casas Reales, y otra en la entrada” del templo. Debiéndolas reponer cuando se fueran deteriorando, bajo pena de pagar 100 pesos si no lo hicieran así.

Continuará.

Nota. - Todo este material corresponde al Capítulo 22 de “Mitos, verdades e infundios de la Guerra de Independencia de México”.

1.- Por más apartada que estuviera la parroquia de Colima, llegaban a ella las noticias de todos estos acontecimientos.

2.- No se sabe si en Colima hubo algunos “Voluntarios de Fernando VII”, pero sí que se formaron en su cabecera y sus pueblos alrededor de 500 milicianos.

3.- Francisco Javier de Lizana y Beaumont, arzobispo metropolitano de México, recibió también el nombramiento de virrey a mediados de 1809, y de inmediato se involucró en los asuntos de la guerra contra Francia.

4.- López Cancelada publicó la primera historia de los antecedentes de la Guerra de Independencia de México en Cádiz, en 1811. Pero los redactores de “nuestra historia oficial” no la tomaron en cuenta.